Un comunicado divulgado por COPINH, señala al Ejército de Honduras como el responsable del asesinato de Tomas García, miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad, miembro activo del COPINH.
COPINH describe a Tomas García como un "compañero respetado, muy prudente y luchador, que nunca claudico ante las presiones de las empresas DESA y SINOHYDRO". En medio de la refriega cayó herido Allan García Domínguez, hijo de Tomás, el cual se encuentra en un hospital en Santa Bárbara.

La violencia estructural que sacude a Honduras, especialmente a partir del golpe de Estado del año 2009, se ha ensañado con los defensores de los bienes comunes, codiciados por la elite política empresarial, la cual tiene secuestrado al pueblo hondureño como si fuera su botín de guerra.

El estado de terror impuesto por los empresarios y fuerzas de seguridad en el territorio Lenca, finalmente cobró sus víctimas.

Con la aprobación de la Ley General de Aguas en diciembre del 2009 por el mismo Congreso Nacional que defenestró la democracia, el estado de Honduras inicio la piñata de los bienes comunes: para septiembre del año 2010 concesionó 47 ríos, posteriormente en julio del 2012 aprobó otros 24 proyectos.   

El cambio de matriz de producción energética impulsado por los Estados Unidos y la cooperación internacional, ha generado la entrega de un sinnúmero de ríos a la iniciativa privada para la construcción de represas hidroeléctricas; sin tomar en cuenta factores como los cambios de precipitación pluvial que se están dando en el istmo centroamericano resultado del cambio climático.

Desde la destrucción premeditada del río Patuca, la que se viene tramando desde hace décadas, evadiendo la  consulta, previa, libre e informada (CPLI) con los pueblos de la Moskitia, hasta la entrega de más una docena de ríos en el territorio Lenca, forma parte de la estrategia de colonialismo interno y despojo de los territorios de los pueblos indígenas en Honduras.

Violencia estructural y rapiña territorial

La gravedad de la agresión contra los Lencas demuestra el autoritarismo de la actual administración gubernamental, la que se ha destacado por haber oficializado el estado fallido, en medio de una enorme fanfarria que va desde la creación de sus ministerios de cartón hasta la subasta del país por retazos.

A medida que se acerca el fin de la actual administración  y se observa el preludio de un nuevo golpe de estado a través del fraude, para lograr el continuismo en el plan de subasta del país; la violencia se recrudece como una estrategia donde el terror no es más que catalizador para cimentar la servidumbre requerida por el esquema neocolonial.
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