Más de 200 mil hondureños emigraron del país en los últimos tres años, fenómeno que podría revertirse con la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Migrantes y sus Familiares, aún estancada, se conoció hoy.
Pese a su aprobación a finales de mayo por el Poder Legislativo, el gobierno hondureño no ha implementado esta iniciativa que contempla no solo la protección de los emigrantes, sino también programas para evitar la fuga masiva de nacionales.

De acuerdo con un reporte online del diario El Heraldo, el desempleo y la inseguridad constituyen las principales causas de la migración, a lo que se suma la falta de voluntad gubernamental para frenar esta ola y analizar el asunto desde una óptica integral.

La Ley aprobada por el Poder Legislativo establece la creación de un Consejo Nacional para la Protección del Hondureño Migrante y de una Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, órganos que involucran a las instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Ambos instrumentos deben facilitar el establecimiento de esquemas orientados a la búsqueda de acuerdos bilaterales con otros países que brinden oportunidades de empleo a los hondureños en condiciones laborales adecuadas, y con ello evitar la emigración ilegal.
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