Tegucigalpa, 19 mar (PL) Un amplio debate genera hoy en Honduras la decisión del Gobierno de suprimir exoneraciones para aplicar un impuesto a algunos productos incluidos dentro de la canasta básica.
Según los conocedores del tema, en Honduras hay tres listas de canasta básica.
La medida tiene su origen en presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para superar el elevado déficit fiscal que tiene el Estado hondureño.

El presidente Porfirio Lobo, decidió crear una Comisión Especial que Revisa las Exoneraciones, Exenciones y Dispensas Aduaneras, y que el 22 de marzo deberá informar a qué productos se aplicará un Impuesto sobre Ventas (ISV).

En el caso de los alimentos, se ha previsto que el ISV será de un 12 por ciento y para las medicinas de un seis por ciento.

El mandatario declaró que las exoneraciones impiden recaudar más de 40 mil millones de lempiras al año (más de dos mil 28 millones 397 mil dólares).

La eliminación de algunas exoneraciones dejará al gobierno ingresos entre tres y cinco mil millones de lempiras (entre 177 y 253 millones de dólares), afirmó el ex presidente del Colegio de Economistas, Guillermo Matamoros.

Según los conocedores del tema, en Honduras hay tres listas de canasta básica.

La primera de ellas tiene 30 productos alimenticios y es la que maneja el Ministerio del Trabajo para calcular el salario mínimo de la fuerza laboral.

Una segunda es la usada por el Banco Central de Honduras (BCH) para definir el Índice del Precio al Consumidor (IPC), con 80 productos alimenticios y servicios.

La tercera es la tributaria, que utiliza la Secretaría de Finanzas, incluye 149 productos exentos del ISV y la componen la canasta básica alimenticia, medicinas y materias primas para la producción de la industria local y algunos servicios.

El gobierno, de manera inicial, presentó ante la Comisión Especial un listado de 72 productos, que luego incrementó a 75 y ya valoran 85, según trascendió.

El presidente Lobo criticó las exoneraciones que, según dice, han permitido el ingreso libre de impuestos de tres helicópteros, a un costo de tres millones de dólares la unidad, y la importación de un tipo de agua europea, usada por algunas familias millonarias para bañarse.

También alertó de productos importados que hacen competencia desleal a los nacionales y en esa línea citó insumos utilizados para procesar otros productos.

Algunos miembros del Gobierno, como el ministro de Seguridad y empresario avícola, Pompeyo Bonilla, manifiestan públicamente descontento con la decisión presidencial.

Para el diario La Tribuna, el consumidor será el gran perdedor en cualquiera de los escenarios que estudia el gobierno para aplicar el ISV, en su afán de conseguir ingresos para compensar el déficit fiscal.
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