La equidad puede promover el desarrollo económico y el cambio social, reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y favorecer la gobernabilidad. Esta temática es un desafío impostergable en Honduras, donde las inequidades se refuerzan entre sí. Para reducirlas, este Informe recomienda desarrollar un Pacto Social, implementado por el Estado, los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios.
Para alcanzar una mayor equidad económica, se propone generar empleo de calidad e impulsar la formación laboral, incrementando la inversión privada, apoyando a la pequeña empresa y desarrollando políticas públicas que promuevan mayores niveles educativos. Además, hay que hacer más progresivo el sistema tributario, basado hoy en los impuestos indirectos y lastrado por las exoneraciones fiscales.

En el campo de la equidad social se necesitan políticas educativas compensatorias, que prioricen el acceso a la educación secundaria de las personas del área rural. Asimismo, es vital fortalecer el vínculo entre educación y salud para superar muchas de las inequidades en la salud pública hondureña. En protección social se recomienda seguir con los programas de transferencia monetaria condicionada, calibrándolos de forma más ajustada para que se beneficien de ellos los más pobres y vulnerables.

Para alcanzar una mayor equidad política, el Informe propone implementar reformas electorales que permitan diversificar el perfil de las personas con acceso a cargos políticos, y fomentar la democracia participativa. Para reducir la inequidad en el acceso a la justicia, se pide que se implementen de manera efectiva las recomendaciones del Proyecto de Modernización de la Rama Judicial y se sugieren algunas medidas para brindar a los pueblos indígenas un mejor acceso a la justicia. Finalmente, la descentralización ofrece un gran potencial para disminuir la inequidad territorial. La distribución del gasto descentralizado (transferencias a municipalidades) presenta un sesgo progresivo, lo que lo hace mucho más equitativo.