En tan solo dos meses, tres colegas hondureños fueron asesinados: Herlyn Iván Espinal Martínez, Nery Francisco Soto Torres y Dagoberto Díaz Suárez, muertos el 20 de julio, el 14 de agosto y el 23 de agosto, respectivamente, y ya van seis periodistas eliminados durante el corto mandato del presidente Juan Orlando Hernández. Entre mayo y agosto, fueron liquidados los seis. ¡Qué tragedia!
Desde el 2009, es decir, en los últimos seis años, 38 periodistas de Honduras fueron asesinados, a un ritmo escalofriante de casi trece colegas por año, y desde el año 2003, son 44 los hombres y mujeres de prensa liquidados en esta orgía macabra que hasta ahora parece no tener fin, que ha enlutado a tantas familias, que ha afectado de forma grave el ejercicio del periodismo y que ha limitado de manera sustancial la libertad de expresión.

Muchos periodistas trabajan en condiciones de riesgo, sobre todo los corresponsales de guerra, pero en Honduras no hay un conflicto bélico, no tienen una guerra interna ni contra ningún país, lo que tienen puede ser algo peor: el creciente control impuesto a sangre, fuego y terror, por grupos del crimen organizado internacional, que no tienen ningún reparo en asesinar a los comunicadores sociales.

Solo unos pocos casos de asesinato de periodistas en Honduras han sido esclarecidos, y juzgados los culpables, pero el 91 por ciento de estos crímenes continúa sin resolver, es decir, esto ocurre en la más completa impunidad, lo que alimenta la espiral de muertes de periodistas, porque, al fin y al cabo, para el sistema judicial de Honduras, la muerte de colegas de ese país, parece tan valiosa como la muerte de perros. Y lo que asesinan las mafias son seres humanos, mujeres y hombres que tienen un rol social estratégico para que la gente esté informada, y eso es lo que no quieren, porque entre menos sepa la población, mejor para el crimen organizado.

El Estado hondureño debería reaccionar con vigor ante la impunidad, e iniciar una investigación de verdad sobre todos estos crímenes contra periodistas, y asegurar que los asesinos, incluyendo los autores intelectuales, sean puestos en el banquillo de los acusados. También se debe actuar con mayor rapidez para aprobar una ley efectiva de protección para periodistas que está trabada en el Congreso, y garantizar que se aplicará sin excepciones.

Los periodistas hondureños son heroicos, porque pese a esta oleada criminal que les toca en carne propia, continúan informando a la población. Por ejemplo, Dagoberto Díaz Suárez, propietario en Yoro de la cadena de televisión local Canal 20, fue asesinado a tiros después que a finales de julio fuera arrestado el alcalde del municipio de Yoro, y varios de sus familiares, por tráfico de drogas, secuestro, y por presuntamente ordenar el asesinato de 137 personas.

Pero no debería haber más héroes y mártires periodistas en Honduras. El Estado debería garantizar que puedan ejercer libremente la profesión del periodismo, que es la base de las libertades fundamentales de todas las sociedades. Los periodistas nicaragüenses, que estamos tan cerca geográficamente de los hondureños, debemos apoyarlos con todas nuestras fuerzas, capacidades y recursos.
Guillermo Cortés Domínguez / Periodista | Opinión
www.elnuevodiario.com.ni