Acusaciones del Ejército de Honduras ponen en riesgo a activista estadounidense

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(Washington, DC)– El gobierno hondureño expone a activistas de derechos humanos a riesgos al no repudiar los peligrosos comentarios manifestados por un alto funcionario militar, señaló hoy Human Rights Watch. Un coronel del Ejército aseveró recientemente que el trabajo realizado por Annie Bird, codirectora de la organización no gubernamental Rights Action, con sede en Estados Unidos, procuraba desestabilizar la región del Bajo Aguán, donde se han producido hechos de violencia vinculados con conflictos por tierras.
El comandante de la Operación Xatruch III, una fuerza de tarea conjunta integrada por policías y militares en la provincia de Colón, en la región del Bajo Aguán, acusó públicamente a Bird de desestabilizar la zona al “cuestionar el procedimiento de la justicia hondureña” y realizar señalamientos falsos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. El 12 de diciembre de 2013, el periódico La Tribuna citó declaraciones del coronel Germán Alfaro Escalante, en las cuales presuntamente manifestó: “Estamos en un proceso investigativo de una denuncia sobre una supuesta norteamericana de nombre Annie Bird, quien anda haciendo algunas labores de desestabilización aquí en el sector del Aguán, ya que se está reuniendo con algunos dirigentes de grupos campesinos”. Los comentarios de Alfaro han sido reproducidos por medios de comunicación, simultáneamente con la difusión de fotografías de Bird, de nacionalidad estadounidense.

“En Honduras, donde defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han sido agredidos e incluso asesinados por el trabajo que realizan, las acusaciones del coronel demuestran un manifiesto desprecio por la seguridad de una activista con una larga trayectoria”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Presidente Porfirio Lobo y el secretario de defensa deben dejar en claro que no corresponde a los militares investigar denuncias contra activistas, ni mucho menos difamarlos a través de los medios de comunicación”.

Según informó La Tribuna, el coronel Alfaro indicó que Bird había presionado a campesinos de la región para que se rebelaran contra las fuerzas de seguridad.

La región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentas controversias por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de controversias por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012.

Desde hace 12 años, Bird trabaja en la cobertura informativa de la situación de derechos humanos en Honduras, y ha escrito varios informes sobre el país para Rights Action.

Bird dijo a Human Rights Watch que consideraba que las declaraciones del coronel Alfaro se debían a que estaba documentando abusos que supuestamente habrían sido cometidos recientemente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El 11 de diciembre, Bird acompañó a un grupo de residentes locales hasta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para denunciar abusos que supuestamente estos habían sufrido a manos de miembros de la fuerza de tarea Xatruch, destinada formalmente al mantenimiento de la seguridad en la región. El 10 de diciembre, había ofrecido una entrevista a una estación de radio local, en la cual explicó que trabajaba en la documentación de abusos, que luego informaba a organismos internacionales.

Un artículo sobre los señalamientos del coronel, que se publicó en Internet, ha recibido comentarios de lectores en los cuales se realizaron amenazas de muerte contra Bird.
www.hrw.org

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