Familiares de las 361 personas que murieron hace un año en un incendio en la cárcel Granja Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, viven entre el dolor, la impotencia y exigiendo justicia.

El incendio del penal, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero de 2012, por causas “accidentales”, según expertos de Estados Unidos, que investigaron el caso.

Sin embargo, Gloria Redondo, portavoz de los familiares de las víctimas, dijo hoy a Efe que el Gobierno de Honduras debe “responder por estas muertes” para que “no queden en la impunidad” y anunció una marcha este jueves para recordar a sus seres queridos.

“A un año de la tragedia no hemos tenido ningún avance creíble en las investigaciones sobre las causas y responsables de la tragedia”, subrayó Redondo, quien perdió en el incendio a su esposo Marcio Sánchez, de 32 años.

El portavoz de la Fiscalía en Tegucigalpa, Marvin Cruz, dijo a Efe hoy que del total de víctimas quedan dos por identificar y de los 359 cadáveres identificados, 358 han sido entregados a sus familias, mientras el cuerpo de Evenor Martínez no ha sido reclamado.

Los hijos, padres, esposas y demás familiares de las víctimas mortales, aún no asimilan la pérdida de sus parientes.

Redondo explicó que los familiares de las víctimas mortales marcharán este jueves por las calles de Tegucigalpa para “exigir justicia” y recordar a sus seres queridos.

Además se oficiará una misa a las afueras del penal, donde habrá una vigilia a partir de las 18.00 hora local (00.00 GMT del viernes).

Un año después de la peor desgracia en el obsoleto sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 prisiones, la principal preocupación de los familiares de los presos y organismos de derechos humanos sigue siendo el hacinamiento y la falta de instalaciones físicas adecuadas en el penal de Comayagua.

El coordinador del Centro de Protección, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura (CPTRT), Juan Almendarez, indicó a Efe que el Gobierno “ha mejorado de alguna manera las condiciones en que viven los presos, pero la satisfacción no es total”.

Las autoridades hondureñas deben “mejorar la asistencia médica, las instalaciones físicas y programas de trabajo” en las cárceles del país, agregó Almendarez.

Las 24 cárceles de Honduras albergan a 12.246 personas cuando la capacidad es para unas 8,000, según organismos de derechos humanos.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo a periodistas que en el caso del incendio de la cárcel de Comayagua “ha habido una grave negligencia”, aunque se trata de un escenario que “no es fácil porque eran personas que estaban privadas de libertad”.

En su opinión, después de un año durante el que se han hecho varias investigaciones, “ha habido una violación al principio que se conoce con el nombre de plazo razonable”, para haber deducido responsabilidades.

Pineda considera que con las investigaciones y las autopsias de los 361 cuerpos quemados, incluido el de una mujer que visitaba a su marido, hay “un escenario construido de lo que sería un proceso de investigación” que, a su juicio, “está listo para ser judicializado”.

El fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía, Germán Enamorado, indicó que la respuesta que se ha dado al caso “ha sido muy tibia” y que “las consecuencias a nivel internacional ya se aprecian en virtud de que ha habido una apatía en la gestión del Estado a este respecto”.

Añadió que a la Fiscalía le corresponde dilucidar las responsabilidades de tipo administrativo y que esta semana se estarán emitiendo los primeros requerimientos fiscales contra las personas que tuvieron alguna responsabilidad en la tragedia.
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