Noticias | CSJ de Honduras se abstiene de pronunciarse sobre destitución de magistrados

·   0

La Corte Suprema de Justicia de Honduras canceló este viernes la conferencia de prensa, en la que iba a marcar su postura en relación a la destitución de cuatro magistrados de la Sala de los Constitucional por parte del Congreso Nacional.

"La Corte Suprema cancela la conferencia donde iba a marcar postura por destitución de magistrados", informó este viernes el enviado especial de teleSUR a Honduras, Jorge Fita a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, Fita señaló que "ya fueron juramentados en su cargo tres de los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, propuestos por el Partido Liberal".

Por otra parte, reportó que aún "no se define fecha" para establecer un diálogo convocado por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, para reunir a los tres poderes del Estado con el objetivo de solucionar la crisis institucional.

El llamado a diálogo fue rechazado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras. La organización evaluó que la convocatoria es "una trampa" ya que en el poder se mantienen las estructuras golpistas.

El pasado miércoles, el Congreso Nacional destituyó por mayoría a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.

La destitución afectó a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel luego de que admitieran un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza que se realizan a los policías hondureños en el proceso de depuración de esa institución.

Quedó excluido de la separación el magistrado Óscar Chinchilla, quien votó en contra de ese recurso.

Esta destitución fue calificada como un "golpe técnico" al poder Judicial, manifestó el diputado opositor Wenceslao Lara, quien advirtió que esta decisión es una "violación de la Constitución", que "conllevaba responsabilidad penal".

El 28 de noviembre, la Sala declaró inconstitucional la medida al acoger un recurso presentado por un abogado defensor de los policías por considerar que el proceso de depuración incluye procedimientos que los obliga "a declarar contra ellos mismos".

En junio pasado, el Congreso puso en vigor las llamadas "pruebas de confianza" a través de una ley con vigencia de seis meses que venció el 24 de octubre y que consiste en someter a los miembros de la policía a exámenes antidrogas, polígrafo e investigaciones patrimoniales en busca de indicios de enriquecimiento ilícito.

El proceso de depuración fue ordenado por Porfirio Lobo luego de que en octubre del año pasado un grupo de agentes asesinara a tiros en Tegucigalpa (capital) a dos universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano.

Tras investigaciones impulsadas por la rectora, la Fiscalía denunció que varias sedes de la Policía estaban involucradas en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión, entre otros delitos.

Suscríbase a este blog por correo electrónico :

Escribe aquí tu comentario